En Tierra del Fuego los trabajadores estatales nos encontramos desarrollando un plan de lucha para exigir la derogación de las leyes de reforma jubilatoria y emergencia previsional, que fueron sancionadas en enero por iniciativa de la gobernadora Bertone.
En un hecho histórico hubo unidad en el reclamo: CGT y CTA juntas para exigir a los legisladores que den marcha atrás con este plan que incluye un recorte de salarios de hasta 8,5% para los estatales y una suba en la edad y la cantidad de años de aportes necesarios para jubilarse.
La medida abarcó como nunca a maestros, médicos de hospitales y trabajadores municipales y del banco de la provincia, entre otras reparticiones públicas.
Contra lo que denominamos un “ajuste salarial” del gobierno provincial de Rosana Bertone se mantuvo un acampe frente a la Casa de Gobierno en Ushuaia, y se realizaron manifestaciones masivas tanto en la ciudad de Ushuaia como en Río Grande, además de anunciar la presentación de un proyecto de derogación de las leyes cuestionadas.
El Superior Tribunal de Justicia de la provincia rechazó una docena de medidas cautelares que presentamos solicitando la suspensión de los aportes al fondo solidario de las jubilaciones.
Hemos realizado la movilización más numerosa que registra la historia fueguina: el pueblo se unió, las organizaciones sindicales por primera vez comprendieron que la unión hace la fuerza y como dirigentes fuimos capaces de claudicar nuestra propia autonomía para ponerla a disposición del conjunto.
Los legisladores admiten que erraron en muchos artículos. Ellos mismos reconocen haber violado preceptos constitucionales y ahora también está en sus manos reconocer que estas normas no pueden continuar vigentes en los términos en que están.
Queremos creer que van a tener la grandeza política de entender que no se puede sostener mucho tiempo más esta postura.
APOC, que fue electo entre más de 20 gremios como vocero de este reclamo, junto al resto de los Trabajadores estatales unidos de manera histórica no va a cesar en la lucha hasta que haya un compromiso real de derogar estas leyes.